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ConParticipación

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Integrantes del Consejo Mexicano de la Familia, fueron retenidos en al menos dos ocasiones por la policía de Benito Juárez, cuando se dirigían a la sede de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.


  

 

Bajo el argumento de una “revisión preventiva”, el llamado “Autobús de la libertad”, en pocos minutos fue sometido a dos revisiones por parte de la Policía Municipal a escasos 200 metros del hotel sede de la Asamblea de los Estados Americanos que se celebra en Cancún.


El presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdout, destacó que en una actitud por demás arbitraria, una veintena de elementos de la policía municipal de Benito Juárez, ingresaron para revisar todo el autobús, incluyendo el baño y por debajo de los asientos, siendo que minutos después fue sometida a otra revisión.


Explicó que, aun cuando no se cometió ninguna infracción, los elementos recogieron las identificaciones de todas las personas a bordo y las metieron en sus patrullas, por lo que varios minutos después, fueron a exigirlas de vuelta dejando ver que se trató de un abuso de autoridad, lo que fue evidenciado a través de videos difundidos en redes sociales.


Indicó que este movimiento tiene 2 años conformados como el Frente Nacional de las Familias integrado por diversas asociaciones, el cual logró reunir a nivel nacional a 2 millones de personas quienes promocionaron la campaña en contra de los partidos antifamilia.


Mencionó, que el “Autobús de la Libertad”, mismo que lleva la leyenda, “dejen a los niños en Paz”, #ConMisHijosNoSeMetan, se pretende reclamar, el derecho primario de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas,lo anterior, como parte de un derecho humano, reconocido en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por México.

Ninguno de los proyectos presentados alcanzó los votos a favor necesarios para ser aprobado


  

 

Por segunda vez en menos de un mes la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó un encuentro con todos los ministros de Relaciones Exteriores de la organización para discutir la crisis en Venezuela, pero no logró que hubiera un consenso al final de la reunión con respecto a los proyectos de acuerdo presentados.


Tras un receso de más de una hora, los delegados de la OEA volvieron a reunirse para realizar la votación para elegir cual proyecto de resolución se tomaría. Sin embargo, con numerosas abstenciones en ambos casos, se imposibilitó la selección de algún proyecto, por lo que no se llegó a los 17 votos a favor necesarios para la aprobación de cualquiera de los documentos presentados.


México y varios países más pidieron suspender la sesión para dejar la posibilidad de que se llegue a un nuevo consenso en una próxima reunión.


“Hoy otra vez se reportan muertos, vemos que el problema está en una ruta preocupantemente grave”, resaltó el canciller Luis Videgaray, de México.


República Dominicana planteó crear una comisión de países integrantes de la OEA que acompañen a un proceso de dialogo a establecerse entre el gobierno y la oposición venezolana.


Por su parte, el canciller de Costa Rica indicó que el dialogo, más que una herramienta de resolución en Venezuela, ha funcionado como un instrumento para "ganar tiempo" por parte del gobierno, por lo que le pidió que en caso de volver a recurrir a las negociaciones con la oposición, lo haga de forma seria, tomando en cuenta las necesidades de los venezolanos.


Más temprano, el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, anunciaba, como presidente de la reunión, que el texto tenía los 23 apoyos suficientes para prosperar y se someterá a votación una vez terminen las intervenciones de los países aliados de Venezuela críticos con este paso, como Bolivia y Nicaragua.


El documento llamaba al “cese inmediato de los actos de violencia y las hostilidades cometidas por cualquiera de las partes" en Venezuela. Se pedía además el “absoluto respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a los procesos constitucionales, inclusive un calendario electoral, conforme a lo acordado por la oposición y el gobierno de Venezuela en el proceso de diálogo nacional del año pasado”.


Antes de comenzar la sesión propiamente, la representante de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo un derecho de palabra, donde presentó 10 proyectos de resolución ante la Organización de Estados Americanos, para “despedirse” del organismo internacional con una “agenda constructiva”.


Aseguró que cualquier decisión tomada por la organización no será acatada por Venezuela.


Los cancilleres de San Vicente y Las Granadinas así como de Haití estuvieron en desacuerdo con dos proyectos presentados por distintos miembros de la organización. Consideró que la actitud de la institución en cuanto a Venezuela ha sido de “mala fe”, debido a que no se dio el tiempo suficiente para analizar eficientemente las propuestas planteadas.

Los jueces del Tribunal de Estrasburgo ordenan al hospital de Londres que mantenga con vida a Charlie, un bebé que padece una enfermedad rara y al que la Justicia británica ordenó desconectar en contra de la voluntad de los padres, que quieren trasladar al niño a EEUU para que reciba un tratamiento experimental


  

 

El pasado lunes se cumplía el límite que se había puesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para manifestarse sobre el caso del bebé británico Charlie Gard, que padece una enfermedad rara y que está unido a un respirador artificial.


Los médicos del hospital de Londres y los jueces británicos han dictado que el niño debe ser desconectado para que tenga lo que ellos llaman una “muerte digna”.


Sin embargo, los padres quieren trasladar al niño a Estados Unidos para que reciba un tratamiento experimental, pero en Reino Unido no se lo han permitido.


El Tribunal de Estrasburgo debía decidir si permitía que este niño recibir este tratamiento para el que los padres han recaudado en donaciones 1,5 millones de euros.


La decisión de los jueces europeos se debía haber tomado el pasado día 13 de junio pero aplazaron el fallo hasta este lunes 19 mientras obligaban al hospital a mantener el soporte vital a Charlie.


Finalmente, el pasado lunes al final de la tarde los jueces han ordenado al hospital de Londres que mantengan con vida a Charlie hasta que tomen una decisión sobre si el pequeño debe someterse a un tratamiento de prueba.


Esta decisión puede llegar en unas tres semanas y un portavoz del Tribunal de Estrasburgo aseguró, tal y como informa la BBC, que la Corte “tratará la solicitud con la mayor urgencia” pero los jueces quieren conocer a fondo el caso de Charlie.


Esta decisión es ya una pequeña victoria de la familia, que lleva meses luchando contra los médicos y distintos tribunales británicos en su lucha por dar una última oportunidad a su hijo, que sufre un Síndrome de Agotamiento Mitocondrial, una enfermedad que se cree que sólo afecta a 16 personas en todo el mundo.

 

“Si pensáramos que no hay ninguna esperanza, no lucharíamos por él. Pero si hay la más mínima posibilidad de que un tratamiento funcione, y el doctor en EEUU así nos lo ha dicho, ¿qué padre no lo intentaría?”, se preguntan los padres.


Chris y Connie se aferran tanto a este tratamiento como a otros casos de niños que sufren esta enfermedad y que siguen viviendo. Es el caso de Emanuele Campostrini, conocido como Mele. Este pequeño también había sido desahuciado por los médicos y hoy tiene nueve años. Y aunque tiene una discapacidad que no le permite hablar, comer y apenas moverse se ha convertido en un pintor de éxito pese a su edad y en un ejemplo de superación.

 

El organismo, adscrito al Ministerio de Sanidad, propone también que se considere multar a las agencias que la practican.


  

 

El Comité de Bioética de España, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quiere promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación subrogada (los llamados vientres de alquiler en los que una mujer gesta un hijo cuya paternidad y maternidad cede a otras personas) "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño", según se recoge en el Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en el que analiza esta práctica y que ha publicado esta mañana.


El aspecto de la posible utilización o venta del cuerpo de la mujer es el que más preocupa. "La mayoría del comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio. Otros miembros del comité, aunque aceptan en línea de principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual", afirma la nota de prensa del organismo.


Dentro de las medidas que sugiere, la comisión propone sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad en España. Estas pueden actuar en el país, como sucedió en una reciente feria en Madrid, que fue contestada por un grupo de asociaciones que consideran que esta práctica es un atentado contra la dignidad de la mujer.


El informe, elaborado a iniciativa del propio comité, se ha llevado a cabo "dada la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o, al menos, dotar de legalidad, a los contratos de maternidad subrogada". Aunque no se lo han solicitado, llega justo cuando el debate de esta práctica ha llegado al Congreso de los Diputados por medio de una iniciativa de Ciudadanos.


En febrero de este año, ese partido anunció que iba a llevar al Congreso una propuesta para abrir el debate sobre la regulación de la gestación subrogada (también llamada por sustitución). “No podemos seguir dando la espalda a esta realidad. Buscamos soluciones y no miramos hacia otro lado”, dijo entonces su portavoz nacional, Inés Arrimadas. La propuesta obligó a los partidos a posicionarse. O, mejor dicho, mostró que prácticamente ninguno tenía una postura clara.

 

Tampoco es único el posicionamiento en grupos como el LGTBI (lesbianas, gais, transexual, bisexuales e intersexuales) o feministas. Frente a la libre decisión de una mujer, está el riesgo de que sea explotada. La solución sería que fuera un acto altruista. Pero se duda de que eso sea posible.


En cualquier caso, el Comité de Bioética precisa que, en atención a su naturaleza y funciones, no le corresponde traducir su parecer en una concreta propuesta de reforma legal aunque ofrece algunos criterios que orienten aquella, como el citado marco regulatorio común a nivel internacional.

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